Hace poco usted mantuvo una reunión en España con los representantes de la Confederación Española de Caja de Ahorros (CECA) y el Banco de España. ¿Cuál fue el pedido o la preocupación de los respectivos representantes de estas instituciones?
El diálogo con los representantes de ambas instituciones  giró en torno a la evolución de la crisis inmobiliaria que enfrenta España y las consecuencias que soporta la comunidad de emigrantes ecuatorianos que, al igual que otros conglomerados, incluidos los mismos españoles, por la desvalorización de las viviendas, el peso de los créditos hipotecarios contratados para su adquisición, las ejecuciones hipotecarias. Se abordó además la posible aplicación de mecanismos para aliviar la situación de los deudores en el corto, mediano y largo plazo.
Fue un di
álogo técnico en torno a una problemática con claros tintes sociales dada la influencia de otros fenómenos, como el desempleo que se ubica en el 20% y que merma la capacidad de pago de los consumidores, especialmente de los emigrantes vinculados con plazas de trabajo altamente expuestas a las fluctuaciones del mercado. En este sentido, las tratativas apuntaron a visualizar los alcances de estos problemas y las decisiones, planes, programas que está aplicando el gobierno español.

Igualmente se dejó claro que la preocupación de Ecuador gira en torno a la necesidad de instrumentar soluciones sistémicas para problemas que no surgieron precisamente de la resolución, política o acción del deudor sino de un esquema que impulsó el crecimiento del sector inmobiliario por encima de las realidades mismas del mercado. Por tanto, reiteré que la opción de una “internacionalización” del cobro de las deudas no es posible en la medida que no existen acuerdos o convenios que habiliten operaciones interbancarias con bancos locales que abran las puertas al pago de los créditos con fondos o activos en el Ecuador.

Además, la ley ecuatoriana no contempla que las deudas contraídas en el extranjero se cancelen con bienes de ecuatorianos en el país. Las instituciones del sistema financiero local igualmente tienen la misma política. Nuestros compatriotas adquirieron obligaciones hipotecarias en España por medio de un contrato privado y es ahí donde tendrá que resolver cualquier litigio.

¿Encuentra que las autoridades y las entidades bancarias o cajas, en este caso, están sensibilizadas con la problemática? Observa que están dando realmente las facilidades a los inmigrantes ecuatorianos afectados para reestructurar su deuda y obtener de los bancos de periodo de gracia?
Creo que existe un sincero interés de las autoridades españolas y de las instituciones financieras de encontrar soluciones de fondo a la problemática de la crisis inmobiliaria.  La magnitud de la crisis ha obligado a explorar vías en función de mantener la solvencia del sistema financiero y los requerimientos de una sociedad en periodo de ajuste. Así, valoramos las iniciativas como fijar límites que permiten excluir de los embargos una porción de la nómina de los trabajadores para asegurar su subsistencia y la reducción de tasas de interés en las revisiones de las hipotecas. A esto se han sumado mecanismos del mismo mercado que está abriendo posibilidades de renegociación acorde con las posibilidades de pago de los deudores o incluso solicitar periodos de carencia de hasta cinco años en los cuales se paga únicamente los intereses de los préstamos.

Existe un consenso respecto a que la crisis tiene que ser resuelta con una visión social, económica y financiera.

La dación en pago es una figura que se ha puesto en práctica desde hace algún tiempo en algunos casos, pero que sigue encontrando insatisfacción entre los afectados que se quejan porque pese a entregar sus casas el banco los sigue teniendo en mora y los obliga a pagar más cantidades. ¿Qué opinión le merece, piensan realizar alguna sugerencia en este sentido?
Tenemos que puntualizar que la Comisión de Vivienda del Congreso de España aprobó en junio un plazo de tres meses para evaluar las reformas normativas pertinentes para permitir que las ejecuciones hipotecarias se resuelvan completamente sólo con la entrega en pago de la vivienda sobre la que se operó el préstamo. Hoy el cliente tiene que hacer frente a la diferencia entre la valoración o tasación actual del crédito que sirvió de garantía del crédito y el monto total del empréstito, lo que en pocas palabras no contempla el hecho de que los precios de los inmuebles se desplomaron producto precisamente de la crisis.

Ante esta situación hay que considerar, por ejemplo, que el precio medio del metro cuadrado de una  vivienda libre cayó el año pasado un 6,3 por ciento a 1.892 euros frente a los 2.018,5 euros registrados en el 2008. Esto se contrapone con los crecimientos de hasta 19 por ciento reportados en el pico del boom inmobiliario en España. Son temas que se tienen que resolver en un marco de justicia tanto para los deudores como para los acreedores.

Las organizaciones sociales igualmente plantean reformas a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria para introducir la figura de la dación en pago, con lo que se extinguiría la deuda una vez que el banco recepte la vivienda en caso de declararse una cesación en el pago de las hipotecas.  Para ampliar el debate, la delegación ecuatoriana impulsó la necesidad de contemplar otras soluciones como que la reestructuración de los créditos contemple aplazamientos de los pagos de capital mientras no tengan trabajo los deudores, la concesión de períodos de gracia y la misma dación en pago.

Usted expresó que se está realizando un análisis integral para poder asesorar y que puedan encontrar una solución los afectados en que aspectos observa una necesidad imperiosa entre el colectivo. ¿Qué dice la información preliminar de ese análisis y para cuándo estará listo en su totalidad?
Trabajamos coordinadamente con nuestra Embajada en España para asesorar a los emigrantes sobre los derechos que les asisten frente a los procesos de registro, tramitación, liquidación o procesamiento judicial de los compromisos adquiridos con las instituciones financieras españolas. El momento en que nuestra delegación diplomática nos lo requiera estamos prestos a colaborar en esta cruzada orientada básicamente a aminorar los efectos provocados por la crisis inmobiliaria para lo que igualmente nos encontramos en contacto con el Banco de España para intercambiar información sobre la evolución del mercado de vivienda y los procesos de revisión de los créditos con garantía hipotecaria.

¿Qué garantías existen de que realmente el estado ecuatoriano no negociará con el estado español el cobro de las deudas? ¿Podría revertirse por alguna vía esta decisión y estar presente el riesgo?
Creo que dejé en claro que la decisión es no permitir una internacionalización del cobro de deudas porque no existe ni el marco legal ni operativo que facilite este tipo de operaciones. Además, la defensa de los derechos de los emigrantes es una política de Estado y todos los organismos estatales estamos alineados con este principio. Por lo tanto, los compatriotas que adquirieron obligaciones hipotecarias en España tendrán que resolverlas en esa jurisdicción sin poner en juego los fondos o activos radicados en el país. 

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