El pronunciamiento favorable del GAFISUD se produjo en la reunión de los países miembros del organismo que se desarrolla en la capital peruana y respondió a los esfuerzos del país para consolidar sus estructuras legales, normativas e institucionales para identificar, bloquear y sancionar el blanqueamiento de capitales y el financiamiento de actividades terroristas, en línea con la legislación nacional y los convenios internacionales vigentes, aseguró la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando.

En el conclave regional, Ecuador ratificó su compromiso político de aplicar una estrategia integral para enfrentar cualquier tipo de incursión ilegal vinculada con ambos delitos, por lo que se encuentra ampliando el radio de acción de los organismos de control y fortaleciendo la normativa vigente para mitigar las secuelas del lavado de activos y el terrorismo en sectores económicos clave, como el financiero, societario, inmobiliario, bursátil y de seguros, entre otros.

En la presentación nacional se presentaron los avances registrados en los últimos meses en esta lucha y la presentación a la Asamblea Nacional del proyecto de reformas a la Ley de Lavado de Activos, que crearía una serie de blindajes contra el lavado de activos y tipificaría el delito del financiamiento del terrorismo, incluido el endurecimiento de las penas hasta nueve años de reclusión menor; si los activos objeto del delito no son superiores a 50.000 dólares y hasta doce de reclusión mayor ordinaria si supera los 300.000 dólares.

La delegación ecuatoriana se encuentra liderada por el procurador general, Diego García. Lo acompañan además de Sabando, el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Rentas Internas y de la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

“Ecuador mantiene un control adecuado de las operaciones del sistema financiero dada nuestra preocupación de evitar que estos delitos afecten la estabilidad de la economía y la democracia en su conjunto”, indicó Sabando, en un preludio de la resolución del GAFISUD, que desmontó sanciones limitativas básicamente vinculadas con la no participación del país en encuentros organizados por el organismo por escollos durante los procesos de evaluación a los que son sometidos los países miembros del GAFISUD.

NUEVAS REGLAS PARA SISTEMA FINANCIERO Y DE SEGUROS PRIVADOS

En su alocución, Sabando insistió que la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Junta Bancaria han fortalecido su estructura interna y la normativa en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En este sentido, agregó que se han aprobado -en mayo- normas independientes para el Lavado de Activos para las Instituciones del Sistema Financiero y -en julio- otras para las Personas Naturales y Jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado.

Las dos normas acentúan el enfoque a riesgos para la prevención de lavado de activos mediante la identificación de factores, el análisis de perfiles, la elaboración de matrices, el establecimiento de sistemas de alertas y reportes de riesgos, así como la actualización y depuración de bases de datos y la conformidad para nuevos productos.  En el campo de los seguros privados, mantiene el enfoque a riesgos pero el diligenciamiento de las políticas se orienta hacia la detección de inusualidades.
 
“La Superintendencia de Bancos y Seguros vigila que las instituciones supervisadas tengan controles internos suficientes que les permitan prevenir para que se les utilice en operaciones que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, y a las recomendaciones internacionales se consideren provenientes de actos ilícitos”, agregó Sabando.

El GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur y México, creada en el año 2000, en Cartagena de Indias, Colombia. Tiene personalidad jurídica y estatus diplomático en Argentina, y su sede está en Buenos Aires, Argentina. Sus miembros se reúnen 2 veces al año donde sesionan sus Grupos de Trabajo y su Asamblea Plenaria.

El GAFISUD adhiere a las 40 y 9 Recomendaciones del FAFT-GAFI, y entre sus objetivos se encuentra el de conseguir que las legislaciones de sus miembros sean consistentes con una política global completa para combatir el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Promueve también, una actuación integradora de los aspectos legales, financieros y operativos y de todas las instancias públicas responsables de esas áreas.

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